Agamenón Quintero, presidente de la asociación, denunció que las clínicas privadas, que atendieron la mayoría de los casos de COVID-19 por falta de capacidad en los hospitales públicos, todavía esperan el pago de esos servicios. Esta deuda se suma a la cartera corriente de las EPS, que según estimaciones de Fenalco-Córdoba, asciende a más de $517.000 millones solo en 23 centros médicos de Montería. Esta crisis financiera amenaza la atención de 129.000 pacientes mensuales y pone en riesgo 4.700 empleos directos. Quintero advirtió que el 85% de la atención en salud del departamento depende de estas clínicas. La situación ha escalado al punto que Quintero solicitó públicamente la renuncia del Ministro de Salud, argumentando que “no tiene la capacidad” para dirigir el sector y que el gobierno no muestra interés en solucionar los problemas estructurales. La mesa de crisis busca reunir a autoridades locales, congresistas, prestadores de salud y pacientes para encontrar soluciones urgentes y evitar un colapso que, según el dirigente gremial, podría causar “más muertos que los del COVID”.