El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, defendió la medida afirmando que su país no puede mantener a mil reos extranjeros mientras sus ciudadanos carecen de atención. Según su gobierno, el procedimiento cumplió con resoluciones judiciales individuales y fue notificado a la Cancillería colombiana. Sin embargo, Bogotá respondió con una protesta diplomática formal, argumentando que la acción fue abrupta, carente de coordinación y sin garantías humanitarias para los deportados. El presidente Petro expresó en redes sociales: “Ecuador nos responde con desdén”. La deportación ha generado una crisis en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, que reportan un aumento en el flujo de repatriados sin acompañamiento institucional. Analistas y organizaciones como Pares y la FIP advierten sobre los riesgos de seguridad, ya que muchos de los deportados estaban detenidos por narcotráfico y podrían ser reclutados por grupos criminales en zonas como Cauca y Valle del Cauca, que ya enfrentan una compleja situación de orden público. La Defensoría del Pueblo alertó que no existe un mecanismo oficial de seguimiento a las condiciones legales y sociales de los deportados, lo que aumenta el riesgo de reincidencia y estigmatización.