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Histórica condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos

La justicia colombiana marcó un hito sin precedentes al declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta decisión de primera instancia, que lo convierte en el primer exmandatario colombiano condenado en un juicio penal, reconfigura el panorama político y judicial del país.

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El 28 de julio, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitió el sentido de fallo condenatorio tras un juicio de más de dos meses y 67 audiencias. La jueza determinó que Uribe actuó como “determinador” de un esquema para manipular testigos, orquestado a través de su entonces abogado Diego Cadena, con el fin de que exparamilitares se retractaran de testimonios que lo vinculaban con grupos armados ilegales y, a su vez, acusaran falsamente al senador Iván Cepeda. La jueza fue enfática en su lectura: “El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar” y “la justicia no se arrodilla ante el poder”. La decisión validó pruebas clave como las interceptaciones telefónicas al expresidente y las grabaciones hechas con un “reloj espía” por el testigo Juan Guillermo Monsalve. El fallo absolvió a Uribe del cargo de soborno simple. La Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión, que podría cumplirse en detención domiciliaria por la edad del exmandatario. La defensa, liderada por Jaime Granados, anunció que apelará la decisión el 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá. La condena ha provocado una profunda polarización: mientras el Centro Democrático y figuras como María Fernanda Cabal la califican de “venganza política”, el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda la defienden como un triunfo de la justicia y la verdad.

ai briefingEn resumen
La condena en primera instancia contra Álvaro Uribe establece un precedente histórico en Colombia, intensifica la polarización política y abre un nuevo capítulo judicial con la apelación de la defensa, mientras el país espera la sentencia definitiva el 1 de agosto.

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