El paro armado fue decretado por el ELN tras una operación de la Fuerza Pública el 20 de julio en Lloró, donde se incautó material de guerra, explosivos y equipos de comunicación, incluyendo drones. La respuesta del grupo armado fue la restricción total de la movilidad en las vías y ríos del departamento, generando un clima de “miedo, dominio y pavor”, según describió monseñor Mario Álvarez, obispo de Istmina, quien además afirmó que “Chocó está hastiado de la violencia”. En respuesta a la acción del ELN, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el paro como un “constreñimiento criminal” y anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita anticipar atentados. Además, se desplegaron más de 3,300 efectivos del Ejército en las principales arterias viales y fluviales. Este es el tercer paro armado que el ELN impone en Chocó en lo que va del año, en medio de una violenta disputa territorial con el Clan del Golfo y con los diálogos de paz con el Gobierno Nacional actualmente suspendidos.