El acuerdo, firmado el 17 de julio pero revelado una semana después, contempla inicialmente los territorios de Norte de Santander en Colombia y los estados de Táchira y Zulia en Venezuela, aunque el dictador Nicolás Maduro ha sugerido que podría extenderse a Cesar, La Guajira, Arauca, Vichada y Guainía. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lideró las críticas, calificando el pacto como “el avance en la creación de una Cuba grande” y una “entrega del país a la criminalidad internacional”. Uribe cuestionó la alianza con una “tiranía que ha patrocinado y albergado terroristas”. La falta de transparencia inicial, al no publicarse el documento de inmediato, y la presencia de grupos armados como el ELN en la zona, han alimentado la suspicacia. Analistas advierten sobre los riesgos de establecer una zona económica con un régimen sancionado internacionalmente y con un historial de incumplimiento de acuerdos. El gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha defendido la medida, asegurando que busca el desarrollo de las regiones fronterizas y que se garantizará la presencia del Estado y la seguridad. El propio Petro afirmó que “ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela, ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia”.