Entre el 25 y 26 de julio, el gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, comenzó a trasladar a más de 600 ciudadanos colombianos desde sus cárceles hasta el Puente Internacional de Rumichaca. La medida busca descongestionar el sistema penitenciario ecuatoriano, que enfrenta una severa crisis de seguridad y hacinamiento. El presidente Petro reaccionó enérgicamente, afirmando que “Ecuador nos responde con desdén. No está bien”. La Cancillería colombiana, a través de la ministra encargada Rosa Yolanda Villavicencio, quien se desplazó a la frontera, denunció que la acción se realizó “desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes” de Colombia para establecer un protocolo que garantizara un traslado digno y la plena identificación de los deportados. Bogotá considera que el procedimiento incumple “las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador defendió la legalidad del operativo, asegurando que no se trata de una deportación colectiva, sino de procesos individualizados con resoluciones judiciales, y que el Consulado colombiano fue notificado desde el 8 de julio. De los primeros 603 deportados, solo 11 tenían órdenes de captura vigentes en Colombia. Se espera la llegada de un nuevo grupo de 493 personas en los próximos días.