El proceso, que se originó en 2012 cuando Uribe denunció al entonces representante Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, dio un giro en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra Cepeda y abrió una investigación contra el expresidente por los mismos delitos. Uribe enfrenta cargos por soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos, en un entramado que, según la Fiscalía, buscaba que exparamilitares declararan falsamente contra Cepeda. La tensión ha escalado en los días previos al fallo, con un cruce de acusaciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe. Petro afirmó que garantizará la protección de los jueces “cualquiera que sea el sentido de sus fallos”, a lo que Uribe respondió acusándolo de mentir y presionar a la justicia para luego “victimizarse”. La defensa de Uribe, en cabeza del abogado Jaime Granados, ha manifestado su confianza en una absolución, asegurando que su cliente “no irá a la cárcel” por falta de pruebas. Por su parte, el exfiscal Francisco Barbosa calificó el proceso como “un típico proceso sin prueba técnica” y fundamentado en testigos cuestionados. Independientemente del resultado, se espera que la parte desfavorecida apele la decisión, llevando el caso al Tribunal Superior de Bogotá y potencialmente de regreso a la Corte Suprema, extendiendo un proceso que ya cumple más de una década.