La nueva legislación, confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, introduce cambios significativos. Uno de los más polémicos es la restricción de tiempos: las encuestas de intención de voto solo podrán publicarse a partir de los tres meses previos al inicio de las inscripciones de candidaturas. En la práctica, esto instaura una veda inmediata que se extenderá hasta el 1 de noviembre. Además, una vez cerrado el periodo de inscripción, las mediciones deberán incluir a todos los candidatos oficialmente registrados. La ley también impone requisitos técnicos más estrictos, como un margen de error máximo del 3% y una confiabilidad del 95%, lo que, según directores de firmas como Cifras y Conceptos e Invamer, encarecerá drásticamente los estudios al exigir muestras mucho más grandes. César Caballero, de Cifras y Conceptos, advirtió que esto hará “prácticamente imposible” realizar encuestas regionales. Otro punto crítico es la obligación de entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) las bases de datos, grabaciones y formularios, lo que podría vulnerar el secreto estadístico y la confidencialidad de los encuestados. Expertos temen que, al silenciar a las encuestadoras serias, la ley fomente una “guerra de fake news” con datos falsos publicados sin control.