La sentencia determinó que los ejecutivos, entre ellos ciudadanos estadounidenses, hondureños y costarricenses, canalizaron pagos a las AUC a través de cooperativas de seguridad Convivir, con pleno conocimiento de los crímenes que cometía el grupo armado. La Fiscalía probó al menos 18 pagos por más de 1.400 millones de pesos en solo tres años, recursos que, según la jueza Diana Lucía Monsalve, fortalecieron a una estructura responsable de masacres, homicidios y desplazamientos forzados en la región de Urabá. El fallo también impuso una multa de 13.879 millones de pesos y ordenó la captura inmediata de los condenados, negándoles el beneficio de prisión domiciliaria. Esta decisión judicial en Colombia complementa veredictos en Estados Unidos, donde la empresa ya había pagado una multa de 25 millones de dólares en 2007 y fue hallada responsable en un juicio civil en Florida en junio de 2024. Los abogados de los exdirectivos anunciaron que apelarán el fallo, calificándolo de “severo”. Mientras tanto, organizaciones de víctimas como la Fundación Forjando Futuros, representada por el abogado Gerardo Vega, celebraron el fallo como un paso hacia la justicia, aunque advirtieron que la reparación integral sigue pendiente y que existe el riesgo de prescripción del caso en septiembre de 2025.