El presidente Gustavo Petro ha defendido la iniciativa como una estrategia para recuperar el control estatal en territorios históricamente abandonados y dominados por economías ilegales, asegurando que “no es entregar la soberanía de la Patria”. En respuesta a las críticas, Petro afirmó: “Ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela, ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia”. Por su parte, el exministro de Comercio, Germán Umaña, explicó que el documento es una “hoja de ruta” sin efectos jurídicos de tratado internacional, por lo que no requiere aprobación del Congreso, y que su fin es “el bienestar de la población y de los ciudadanos de la frontera”. Sin embargo, figuras de la oposición como el expresidente Álvaro Uribe y el precandidato David Luna han calificado el acuerdo como una “entrega a la criminalidad” y una “puerta abierta al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas”. El partido Movimiento Salvación Nacional radicó un derecho de petición exigiendo a la Cancillería revelar el contenido completo del memorando, argumentando que no se puede tomar una decisión de tal magnitud “bajo el velo de una supuesta cooperación económica con un régimen dictatorial”.