La decisión del magistrado Ibáñez busca esclarecer posibles vicios de trámite durante la aprobación de la ley en el Congreso, particularmente en las sesiones extraordinarias convocadas en junio. Entre las pruebas solicitadas, se requiere al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) que certifique si el presidente Petro se encontraba en el país al momento de firmar el Decreto 747 de 2025, que convocó a dichas sesiones. Esta solicitud es crucial, ya que la ausencia del mandatario podría invalidar la legalidad del decreto y, por ende, el trámite legislativo subsiguiente. La Corte también pidió a la Cámara de Representantes certificaciones detalladas sobre la convocatoria a las sesiones, la publicación del orden del día y las votaciones registradas. La reacción del presidente Petro fue inmediata y contundente, calificando la decisión del magistrado como un intento de dilatar la aplicación de la ley por “miedo a su efecto electoral” y un “simple golpe de Estado”. Ante la demora, Petro anunció que implementará anticipadamente algunos puntos de la reforma, como la ampliación del bono pensional para adultos mayores. La bancada del Pacto Histórico también se pronunció, acusando a Ibáñez de “activismo judicial de oposición” y de extralimitarse en sus funciones, poniendo en riesgo la separación de poderes.