En un comunicado, el grupo armado ilegal justificó la retención de los siete hombres y dos mujeres, ocurrida el 17 de julio, alegando que estaban vinculados a un contrato de “aprovisionamiento de tecnología militar” por más de 4.200 millones de pesos, afirmación que la Gobernación del Cauca ha desmentido. Más allá de la liberación, las disidencias establecieron una nueva regla de facto en la región, sentenciando que “se ha determinado restringir el ingreso de cualquier funcionario o contratista de la gobernación a las áreas de presencia y control de las Farc, cualquier pretensión de ingreso deberá ser tramitada y consultada ante la organización”. Esta declaración representa una usurpación de la autoridad estatal, donde el grupo armado se posiciona como el ente que autoriza o niega la presencia institucional en el territorio. El comunicado asegura que los secuestrados se encuentran “sanos y salvos” y han sido tratados de la mejor manera, mientras esperan que la Fuerza Pública cumpla con el repliegue para garantizar las “condiciones mínimas de seguridad” para la entrega. Este acto se produce en un contexto de continuos enfrentamientos en la zona, como los reportados en Jamundí (Valle) y Suárez (Cauca).