El núcleo del problema radica en que el contrato actual con la firma Thomas Greg & Sons finaliza el 31 de agosto de 2025, y no hay un plan de transición claro y viable. La Contraloría, junto con la Procuraduría, ha señalado graves falencias en el convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. Según el ente de control, el convenio no define quiénes serán los aliados estratégicos de la Imprenta para ejecutar el modelo ni bajo qué modalidad serán seleccionados. Además, la propia Imprenta Nacional ha admitido que necesita un periodo de alistamiento de entre siete y ocho meses para asumir la producción, lo que crearía un vacío de varios meses en el servicio. El contralor delegado, Luis Enrique Abadía García, advirtió que “de no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo”. Esta situación se agrava por la inestabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha visto la salida del excanciller Álvaro Leyva por este mismo escándalo y la reciente renuncia de Laura Sarabia. La falta de documentación precontractual adecuada y de estudios técnicos que garanticen la transparencia del proceso ha llevado a la Contraloría a concluir que no hay garantías para la continuidad del servicio a partir del 1 de septiembre, poniendo en riesgo un derecho constitucional.