El Frente de Guerra Occidental del ELN justificó la paralización como una respuesta a una incursión militar ocurrida el 20 de julio en la comunidad de Chiriquí, municipio de Lloró. Según el comunicado del grupo armado, durante la operación, el Ejército habría “secuestrado” a doce personas no combatientes, incluyendo indígenas y afrodescendientes, y las habría obligado a patrullar en busca de campamentos guerrilleros, utilizándolas como escudos humanos. Adicionalmente, denuncian la tortura de un civil y el robo de enseres domésticos. El paro, que iniciará en la madrugada del viernes 25 de julio, prohíbe la movilización de transportadores públicos y de carga por ríos y carreteras, advirtiendo que sus unidades harán cumplir la orden. Esta acción demuestra el control territorial que ejerce el ELN en la región, desafiando directamente la autoridad del Estado y afectando a miles de ciudadanos que quedarán confinados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se garantizará la movilidad de la población y se adelantará una ofensiva militar. Este recrudecimiento del conflicto se da en un contexto de aumento de los enfrentamientos después del colapso de las negociaciones, donde el ELN acusa al Gobierno de terrorismo de Estado y de mantener un “silencio cómplice” frente a la presencia de grupos paramilitares en el departamento.