Este decreto otorga amplios poderes al gobierno, incluyendo directrices sobre movilización militar, control territorial y una severa restricción de los derechos civiles.

Uno de los puntos más controvertidos del documento es la orden de arrestar a “toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”. Esta medida ha sido interpretada por analistas y organizaciones de derechos humanos como una herramienta para criminalizar cualquier forma de disidencia o celebración por la caída de Maduro. Tras la captura, se ha reportado una intensificación de la represión. Según los informes, las fuerzas de seguridad han abordado autobuses, registrado teléfonos e interrogado a personas en busca de pruebas de que celebraron la operación estadounidense. Además, gremios de periodistas denunciaron la detención de comunicadores, especialmente en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. A pesar de la salida de Maduro, el aparato de seguridad chavista permanece intacto, generando un clima de miedo que ha impedido celebraciones masivas en las calles, ya que los ciudadanos temen represalias por parte de las autoridades y los colectivos armados.