Esta narrativa busca legitimar la acción unilateral y contrarrestar las acusaciones de violación del derecho internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador estadounidense Mike Waltz argumentó que la captura de Maduro fue una “operación policial contra un narcoterrorista”. Sostuvo que Maduro era el jefe de un grupo que inunda Estados Unidos con drogas y se beneficia de la “miseria”. Esta justificación se basa en la acusación formal del Departamento de Justicia de 2020, que señala a Maduro y a otros altos funcionarios de liderar el 'Cartel de los Soles', una red criminal que, según Washington, se alió con las FARC para traficar toneladas de cocaína. Waltz también subrayó un interés estratégico, declarando que Trump no permitiría que “las mayores reservas energéticas del mundo estén bajo el control de los adversarios de EE.

UU.”.

Esta doble justificación —lucha contra el narcotráfico y seguridad energética— ha sido la piedra angular del discurso oficial. A pesar de esta narrativa, la operación ha sido calificada de ilegal por expertos y múltiples países, ya que carecía de la autorización del Consejo de Seguridad y del consentimiento de Venezuela.

La administración ha insistido en que su objetivo no es ocupar el país, sino presionar para que se convoquen elecciones, aunque el propio Trump ha afirmado que EE.

UU. “manejará” el país hasta una transición segura.