Este hecho sin precedentes en Sudamérica ha generado una crisis política y diplomática de alcance global.

La operación del 3 de enero de 2026 fue descrita por el presidente Donald Trump como un “ataque a gran escala” que él mismo observó “en tiempo real”. Involucró a más de 200 efectivos de fuerzas especiales, como la Fuerza Delta, y aproximadamente 150 aeronaves que sobrevolaron el espacio aéreo venezolano. Los ataques se concentraron en objetivos militares clave en Caracas, como Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Según el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, Maduro y Flores “se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia” sin que se produjeran bajas estadounidenses. El gobierno de Trump reveló que la planificación incluyó la construcción de una réplica de la casa de seguridad de Maduro para practicar el asalto y el uso de tácticas de “ceguera electrónica” para neutralizar las defensas venezolanas.

Tras su captura, Maduro y Flores fueron trasladados en un avión militar a Nueva York.

El gobierno venezolano, a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, calificó el hecho como una “brutal agresión militar” y un “secuestro”, declarando el estado de “conmoción exterior”. La legalidad de la operación ha sido ampliamente cuestionada por diversos actores internacionales, al no contar con la autorización del Congreso estadounidense ni del Consejo de Seguridad de la ONU.