La acción militar, que incluyó bombardeos en puntos estratégicos de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la describió como un ataque “a gran escala”. Según los informes, en el operativo se desplegaron alrededor de 150 aeronaves y se atacaron complejos militares clave como Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor estadounidense, declaró que Maduro y su esposa “se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia”. En respuesta inmediata, el gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” y declaró un “estado de conmoción exterior” en todo el territorio nacional.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que desconocía el paradero del mandatario tras los ataques.

La operación fue justificada por Washington como una acción contra el narcoterrorismo, aunque ha sido ampliamente condenada como una violación de la soberanía venezolana. El evento no solo representa la caída de un jefe de Estado en ejercicio por una potencia extranjera, sino que también redefine el equilibrio de poder en la región y plantea serias dudas sobre el futuro inmediato de Venezuela.