El balance, según los informes, supera las 30 embarcaciones destruidas y los 105 fallecidos.

Washington justifica estas acciones en el marco de su lucha contra el narcotráfico, calificando a las víctimas como “narcoterroristas” y vinculando las operaciones a la necesidad de proteger su seguridad nacional.

Sin embargo, no ha presentado pruebas públicas que confirmen que todas las embarcaciones transportaban drogas ni ha revelado la identidad de los fallecidos. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado esta ofensiva como una “guerra no declarada” y una flagrante violación de la soberanía venezolana. La movilización aeronaval, que se ha mantenido durante más de cinco meses, ha creado un pulso constante en el Caribe, con restos de embarcaciones y cuerpos llegando incluso a costas colombianas, según relatan pescadores de la zona. Esta campaña militar marítima es el componente más visible y letal de la estrategia de presión de Estados Unidos.