UU. anunció las sanciones dirigidas específicamente a una empresa estatal venezolana fabricante de drones, la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), y a su presidente, José Jesús Urdaneta, junto con otras personas vinculadas. La justificación de la medida es la supuesta venta de armas y tecnología de drones a Irán, lo que, según Washington, viola las sanciones internacionales y contribuye a la desestabilización regional. La imposición de estas restricciones se produce en un momento de creciente presión de la administración Trump sobre el régimen de Maduro, utilizando herramientas económicas para aislarlo y forzar un cambio político. Al vincular a Venezuela con Irán en el ámbito de la tecnología militar, Estados Unidos no solo busca cortar una posible fuente de ingresos y capacidad defensiva para Caracas, sino también enviar un mensaje a Teherán sobre las consecuencias de su cooperación con el gobierno venezolano. Estas sanciones se suman a un amplio espectro de medidas coercitivas que ya pesan sobre la economía venezolana, particularmente en su sector petrolero, y que han sido citadas como un factor contribuyente a la profunda crisis humanitaria que atraviesa el país.