Con esta acción, el gobierno de Nicolás Maduro no solo formaliza su rechazo a las acciones de EE. UU., sino que también busca disuadir cualquier tipo de cooperación interna con las sanciones o el bloqueo.

La legislación convierte el conflicto geopolítico en una herramienta de represión interna, demostrando la determinación del gobierno de resistir la presión estadounidense utilizando todos los medios a su alcance, incluidos los legales.