El gobierno estadounidense frenó los procesos de tramitación de ‘green cards’ y de ciudadanía para migrantes procedentes de Venezuela y otros 18 países, cerrando vías legales para quienes buscan establecerse en EE. UU. Una de las medidas más controvertidas ha sido la deportación de migrantes venezolanos a una megaprisión de alta seguridad en El Salvador, conocida como CECOT, sin un juicio previo.

Estos individuos fueron acusados genéricamente de pertenecer a grupos delincuenciales. Posteriormente, un juez de distrito de EE.

UU., James Boasberg, dictaminó que esta expulsión violó sus derechos al debido proceso, otorgándoles la posibilidad de impugnar su deportación.

Ahora, los exdetenidos, que regresaron a Venezuela tras negociaciones entre Washington, San Salvador y Caracas, piden justicia y exigen algún tipo de reparación al gobierno de Trump.

Estas acciones reflejan cómo la crisis bilateral se ha extendido al ámbito de los derechos humanos y la política migratoria, utilizando a los migrantes como una pieza más en el complejo tablero geopolítico.