La decisión del juez de distrito James Boasberg determinó que la expulsión violó su derecho al debido proceso. Este fallo abre la puerta para que los hombres, que ya regresaron a Venezuela tras meses de negociaciones entre Washington, San Salvador y Caracas, puedan exigir algún tipo de reparación al gobierno de Donald Trump. Los exdetenidos han pedido que Estados Unidos cumpla con la sentencia y les garantice las condiciones para impugnar sus órdenes de expulsión. Este caso ha suscitado fuertes críticas y acusaciones de violaciones de derechos humanos, enmarcado en las políticas de inmigración más estrictas de la administración Trump. La controversia pone de relieve los límites legales de las políticas de deportación acelerada y la externalización de la detención de migrantes a terceros países, una práctica que ha sido duramente cuestionada por defensores de los derechos humanos.