El gobierno venezolano ha respondido a la escalada de Estados Unidos con una contraofensiva diplomática y legislativa, buscando consolidar el frente interno y disuadir a los países de la región de colaborar con Washington. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado las acciones estadounidenses como una amenaza militar directa, mientras la Asamblea Nacional prepara leyes para castigar a quienes apoyen el bloqueo. En un claro mensaje a la comunidad internacional, Maduro afirmó que “el futuro de América no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar”, al tiempo que calificaba las acciones de Washington como “piratería estatal”. Esta denuncia fue llevada formalmente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. A nivel interno, el parlamento venezolano avanza en una ley que contempla penas de hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen lo que consideran “actos de piratería” de Estados Unidos, una medida que busca criminalizar cualquier forma de disidencia o colaboración con la ofensiva estadounidense.
La estrategia venezolana también incluye una dimensión regional.
Diosdado Cabello, una figura prominente del régimen, lanzó una dura advertencia a Trinidad y Tobago, afirmando que Venezuela responderá si su territorio es utilizado para un ataque estadounidense.
“No nos dejan alternativa”, sentenció Cabello, aludiendo a la presencia militar estadounidense en la isla. Esta combinación de diplomacia, legislación punitiva y disuasión regional conforma la estrategia de Caracas para resistir la campaña de “máxima presión” de la Casa Blanca.
En resumenLa respuesta de Venezuela a la presión estadounidense combina una fuerte condena internacional, el endurecimiento de la legislación interna para castigar la disidencia y advertencias directas a sus vecinos, en un esfuerzo por cerrar filas y disuadir la cooperación regional con Washington.