Posteriormente, un juez de distrito en Estados Unidos, James Boasberg, dictaminó que esta expulsión fue ilegal, ya que violó sus derechos al debido proceso, y sentenció que tienen derecho a comparecer ante un tribunal para impugnar su deportación.

Tras meses de negociaciones entre Washington, San Salvador y Caracas, los 252 venezolanos detenidos en el CECOT fueron finalmente retornados a su país.

Ahora, facultados por la decisión judicial estadounidense, los exdetenidos y sus representantes legales exigen que se cumpla la sentencia y buscan algún tipo de reparación por parte del gobierno de Donald Trump. Este caso ha puesto de relieve las políticas de inmigración cada vez más estrictas de Estados Unidos y ha generado un debate sobre la legalidad y la humanidad de deportar a migrantes a terceros países, especialmente a instalaciones penitenciarias de alta seguridad.