Esta acción representa una escalada significativa en las tensiones bilaterales, llevando la confrontación del ámbito económico y diplomático al marítimo y militar. La estrategia estadounidense, ejecutada por la Guardia Costera y la Armada, se centra en desmantelar lo que denominan una "flota fantasma" de buques que presuntamente utiliza Venezuela para evadir las sanciones internacionales, a menudo operando sin sistemas de identificación y realizando trasbordos de crudo en alta mar.

Al menos tres buques, identificados como el Kelly, el Centuries y el Bella 1, han sido interceptados o perseguidos activamente. Washington enmarca estas operaciones como parte de una campaña más amplia contra el narcotráfico, acusando al gobierno de Maduro de liderar una organización criminal conocida como el "Cartel de los Soles". La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sido una de las voces más visibles de esta política, afirmando que el objetivo es privar al régimen de sus fuentes de financiación. Este despliegue es el mayor en la región en décadas e incluye un portaaviones, el Gerald R. Ford, y otros buques de guerra. Expertos consultados en los informes y algunos actores internacionales han calificado la medida como un "ataque armado" y una violación del derecho internacional, lo que podría sentar un "precedente peligroso para el mundo", según advirtió el presidente brasileño Lula da Silva.