Esta legislación busca garantizar el comercio frente a las sanciones y se suma a otros instrumentos legales que penalizan a quienes son considerados "traidores a la patria". Estas medidas reflejan la estrategia del gobierno venezolano de resistir la presión estadounidense presentándose como víctima de una agresión imperialista, al tiempo que refuerza el control interno y busca consolidar el apoyo de sus aliados internacionales para sortear el cerco económico y militar.