Al ser incluidas en esta lista, las personas sancionadas ven congelados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe realizar transacciones con ciudadanos o entidades de EE.

UU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió estas medidas como parte de los esfuerzos para combatir un régimen que considera “intolerable” y una amenaza para la seguridad nacional.