En una carta leída por su canciller y dirigida a 149 jefes de Estado, Maduro pidió respaldo internacional frente a lo que considera un asedio que podría afectar a otros países. A nivel interno, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una ley que castiga con hasta 20 años de cárcel a cualquier persona que apoye lo que denominan la “piratería” de Estados Unidos. Esta legislación se suma a otros instrumentos legales que sancionan a disidentes o a quienes sean considerados “traidores a la patria”.

La narrativa del gobierno venezolano se centra en la defensa de la soberanía nacional frente a “ambiciosos imperialistas”, argumentando que el verdadero objetivo de Washington es apoderarse de las vastas reservas de petróleo del país, las mayores del mundo.