Esta medida representa una de las acciones más agresivas de Washington para asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro. La orden ejecutiva de Trump busca cortar los ingresos del gobierno venezolano, cuya economía depende casi en su totalidad de la exportación de crudo. Como parte de la ofensiva, las fuerzas estadounidenses han interceptado y confiscado al menos dos buques en aguas internacionales del Caribe, entre ellos el “Centuries” y el “Bella 1”, ambos con bandera de Panamá. El gobierno de Estados Unidos justifica estas acciones como parte de una campaña más amplia contra el narcotráfico y el terrorismo, acusando a Venezuela de utilizar una “flota fantasma” para evadir sanciones y financiar actividades ilícitas. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha condenado enérgicamente estas acciones, calificándolas de “piratería estatal”, “robo en aguas internacionales” y un acto de “piratería de corsarios”. Caracas ha denunciado la “desaparición forzada” de las tripulaciones y ha llevado el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Analistas advierten que, si bien la medida puede impactar severamente la ya deteriorada economía venezolana, también podría generar consecuencias negativas para Washington, como el aumento de los precios del petróleo y la desestabilización regional.