Al etiquetar al Estado venezolano como una entidad terrorista, Washington trasciende las acusaciones previas centradas en el narcotráfico, como las dirigidas contra el llamado “Cartel de los Soles”.

Ahora, la ofensiva se dirige contra toda la estructura civil y militar del gobierno. Según analistas citados en los artículos, esta designación eleva la probabilidad de un choque directo, ya que permite a Estados Unidos tratar los activos del Estado venezolano, tanto civiles como militares, como objetivos legítimos bajo la ley antiterrorista.

La medida ha sido utilizada por Trump para justificar públicamente el bloqueo de buques petroleros, argumentando que no se puede permitir que una organización terrorista se beneficie del comercio internacional. Este cambio de paradigma redefine la naturaleza del conflicto, alejándolo de una disputa puramente política y enmarcándolo en una lógica de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, lo que tiene profundas implicaciones para la estabilidad regional.