Como parte de su estrategia de “máxima presión”, la administración Trump ha continuado imponiendo sanciones directas contra el círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro, buscando debilitar sus redes de apoyo financiero y político. Una de las medidas más recientes apunta específicamente a familiares de la primera dama, Cilia Flores, quienes han sido incluidos en la llamada “Lista Clinton” por su presunta implicación en casos de “narcocorrupción”. Estas sanciones se dirigen a personas clave del entorno del poder, como Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama, y personas cercanas a Ramón Carretero Napolitano. La imposición de estas sanciones es defendida por altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha calificado al gobierno venezolano como “intolerable” para Estados Unidos. El objetivo de estas acciones es aumentar el costo personal y financiero para los individuos que sostienen al régimen, dificultando sus operaciones internacionales y su acceso al sistema financiero global.
Al personalizar las sanciones, Washington busca fracturar la lealtad dentro de la élite gobernante, esperando que la presión individual conduzca a fisuras en la estructura de poder.
Esta táctica complementa las medidas más amplias, como el bloqueo petrolero, creando un cerco tanto a nivel estatal como personal contra los principales actores del gobierno venezolano.
En resumenLas sanciones de Estados Unidos contra los familiares y colaboradores cercanos de Nicolás Maduro representan una táctica de presión personalizada que busca erosionar el apoyo al régimen desde adentro. Al apuntar a figuras clave del círculo de poder por 'narcocorrupción', Washington intenta aislar financieramente a la élite gobernante y fracturar la lealtad que sostiene a Maduro en el poder.