Mientras el presidente Trump insiste en que no necesita autorización del Congreso, algunos legisladores han intentado, sin éxito, frenar una posible acción unilateral. El presidente Trump ha afirmado públicamente que no requiere permiso del Congreso para atacar a lo que él denomina “carteles” en Venezuela, minimizando la magnitud de una posible intervención al decir: “No es para tanto”. Esta postura ha sido desafiada en la Cámara de Representantes, donde se presentaron al menos dos mociones que buscaban invocar la Resolución sobre Poderes de Guerra. Dicha resolución permite al Congreso ordenar al presidente la retirada de las fuerzas armadas de hostilidades no autorizadas.

Sin embargo, ambas mociones fueron rechazadas, lo que en la práctica deja un margen de maniobra considerable a la Casa Blanca para continuar con sus operaciones militares en el Caribe sin una supervisión legislativa estricta. Expertos en derecho de guerra, citados en los artículos, sostienen que las condiciones actuales no cumplen con los estándares legales para un “conflicto armado”, lo que calificaría las acciones letales de EE.

UU. como ejecuciones extrajudiciales.

Este debate pone de manifiesto la tensión entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política exterior y el uso de la fuerza militar en un contexto de alta sensibilidad geopolítica.