Estas medidas buscan debilitar el apoyo al gobierno venezolano, apuntando a las redes financieras de sus familiares y colaboradores más cercanos. Las sanciones más recientes se han enfocado en familiares de la primera dama, Cilia Flores, y en individuos vinculados a sus sobrinos. El Departamento del Tesoro ha incluido a personas cercanas a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama, y a Ramón Carretero Napolitano en la denominada “Lista Clinton” por su presunta implicación en “narcocorrupción”. Estas acciones forman parte de una política más amplia defendida por figuras como el senador Marco Rubio, quien ha sido un promotor constante del endurecimiento de las sanciones. El objetivo de estas medidas es aislar financieramente a los individuos sancionados, congelando sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo a ciudadanos y empresas de EE.

UU. realizar transacciones con ellos.

Aunque el bloqueo naval y la retórica de guerra han acaparado los titulares, estas sanciones personales y dirigidas continúan siendo una herramienta fundamental en el arsenal de Washington para ejercer presión sobre el liderazgo en Caracas, con la intención de fracturar la lealtad dentro del gobierno y las fuerzas armadas.