Aunque la Casa Blanca defiende estas acciones como parte de la ofensiva contra los cárteles, expertos jurídicos y miembros del Congreso han expresado su preocupación, sosteniendo que los ataques podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra, especialmente porque Trump argumenta que no necesita permiso del Congreso para llevarlos a cabo. La campaña se vincula directamente con la estrategia contra Venezuela, ya que Trump acusa a Maduro de liderar una organización narcotraficante.