Según el mandatario, el bloqueo se mantendrá hasta que Caracas “devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”. La medida se enmarca en una ofensiva más amplia que incluye un significativo despliegue naval en el Caribe. El gobierno venezolano reaccionó de inmediato, calificando la decisión como una “amenaza grotesca, temeraria y grave” y un acto de “piratería moderna” que viola el derecho internacional, la libre navegabilidad y el comercio. La Cancillería venezolana solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, una petición que fue respaldada por Rusia y China, quienes expresaron su oposición a lo que consideran “intimidación unilateral”. Analistas advierten que, si bien el bloqueo podría cortar los ingresos del gobierno de Maduro, también conlleva riesgos militares y humanitarios, y podría jugar en contra de los intereses de Estados Unidos al agravar la crisis económica en Venezuela.