Los artículos contextualizan estas afirmaciones, recordando que las compañías petroleras estadounidenses invirtieron masivamente en Venezuela durante el siglo XX, generando ganancias que fluyeron principalmente hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la idea de una propiedad directa sobre los recursos naturales venezolanos es una distorsión que apunta a generar una reacción nacionalista en su base electoral. Expertos en derecho de guerra, citados en los informes, cuestionan la validez de este argumento, señalando que no se cumplen los estándares legales para justificar un conflicto armado bajo esta premisa. A pesar de ello, la campaña de Trump contra Maduro sigue enfocada en el petróleo, como lo demuestra su interés en las expropiaciones de activos de empresas como ExxonMobil y Kellogg’s durante los gobiernos chavistas.