La medida busca cortar la principal fuente de ingresos del gobierno de Maduro, impactando directamente su capacidad para comercializar crudo. Como respuesta, el gobierno venezolano calificó la acción como una “amenaza grotesca, temeraria y grave” y un acto de “piratería moderna”, violatorio del derecho internacional y el libre comercio.

Además, la Armada venezolana fue desplegada para escoltar a los petroleros en un claro desafío a la orden de Washington. Analistas citados en los artículos advierten que, aunque la medida podría ser efectiva para presionar a Maduro, también conlleva altos riesgos militares y humanitarios, pudiendo profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para los intereses de Estados Unidos en la región.