El buque, que navegaba con una bandera falsa y había sido sancionado por EE.

UU. en 2022 por sus presuntos vínculos con el contrabando de petróleo iraní, transportaba aproximadamente 1,9 millones de barriles de crudo venezolano. Investigaciones revelaron que la embarcación utilizó tácticas de engaño, como la falsificación de su señal de ubicación (AIS), para ocultar sus operaciones y burlar las sanciones. La Casa Blanca confirmó que el petrolero será trasladado a un puerto en Estados Unidos, donde su cargamento será confiscado mediante un proceso de decomiso legal. La portavoz Karoline Leavitt calificó la operación como un “golpe directo al régimen de Maduro” y a sus actividades de tráfico de “drogas mortales”. Por su parte, el gobierno venezolano condenó enérgicamente la acción, calificándola de “piratería naval criminal”, “robo descarado” y el “secuestro” de la tripulación. La incautación del 'Skipper' es vista como el inicio de una campaña más agresiva para desmantelar la “flota oscura” de buques que Venezuela utiliza para exportar su petróleo y evadir las sanciones internacionales, y fuentes anónimas indicaron que se preparan más interceptaciones.