La designación representa un giro significativo en la política estadounidense, que hasta ahora se había centrado en sancionar a individuos y entidades específicas, como el llamado 'Cartel de los Soles', por sus vínculos con el narcotráfico. Al etiquetar a todo el aparato estatal como una organización terrorista, Washington se otorga un marco legal más amplio para emplear la fuerza y tomar acciones directas contra activos del Estado venezolano, tanto civiles como militares.

Según analistas, esta estrategia eleva considerablemente la probabilidad de un choque directo con Caracas.

La medida fue anunciada por el propio presidente Trump, quien afirmó que “el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera”.

Esta clasificación permite a EE.

UU. justificar acciones como el bloqueo naval y la incautación de activos bajo la premisa de combatir el terrorismo y el narcotráfico, delitos de los que acusa directamente a Maduro y su estructura de gobierno. La decisión marca un endurecimiento sin precedentes y redefine el conflicto, pasando de una crisis política y económica a una confrontación enmarcada en la seguridad nacional estadounidense.