Las sanciones impuestas por EE.

UU. desde hace años han buscado limitar la capacidad de Caracas para exportar su crudo, forzándola a recurrir a una “flota fantasma” de buques que operan de manera encubierta para burlar las restricciones. La reciente incautación del petrolero Skipper y la amenaza de más intercepciones son un intento directo de desmantelar esta red logística.

El propio presidente Trump ha sido evasivo pero directo sobre sus intenciones.

Al ser consultado sobre sus acciones futuras respecto al petróleo venezolano, declaró: “No sería muy inteligente de mi parte decírtelo”, sugiriendo una estrategia calculada y secreta.

Analistas indican que llevar la industria petrolera venezolana a su antigua gloria sería una tarea difícil, pero el control sobre sus vastas reservas sigue siendo un objetivo geopolítico de primer orden. La denuncia constante del gobierno de Maduro de que EE. UU. quiere apoderarse de su petróleo, aunque a menudo desestimada como propaganda, encuentra eco en las acciones concretas de Washington, que parecen diseñadas para paralizar por completo la capacidad de Venezuela para monetizar su principal recurso natural.