Sin embargo, estas acciones son percibidas por Venezuela y algunos analistas como una estrategia de presión militar indirecta.

Desde septiembre, las operaciones estadounidenses en la región han dejado un saldo de al menos 90 muertos y 26 embarcaciones destruidas, según los balances reportados. Un ataque específico contra tres embarcaciones cerca de Colombia resultó en la muerte de ocho personas.

La administración Trump ha defendido estas acciones enérgicamente; el presidente afirmó haber salvado "miles de vidas", aunque las cifras oficiales no respaldan dicha aseveración. La justificación oficial se vincula con la crisis del fentanilo, declarada "arma de destrucción masiva" mediante una orden ejecutiva, aunque las operaciones en el Caribe se centran principalmente en el tráfico de cocaína. Esta discrepancia ha alimentado las sospechas de que la lucha antinarcóticos es una fachada para ejercer presión militar sobre Venezuela.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han criticado duramente estos operativos, calificándolos de "ejecuciones extrajudiciales" y pidiendo a los gobiernos aliados que revisen su cooperación con EE.

UU. en estas misiones.

Internamente, el Pentágono debate sobre el tratamiento de los sobrevivientes de estos ataques, mientras que algunos informes alertan sobre los posibles "daños morales" para los militares involucrados en estas acciones letales.