Para Washington, es una campaña de seguridad nacional; para Caracas, es una excusa para una intervención militar. La administración Trump ha adoptado una postura de mano dura, equiparando la lucha contra el narcotráfico con operaciones de combate. El presidente ha justificado el despliegue de una importante flota naval y la realización de ataques letales contra presuntas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico oriental, afirmando que su objetivo es detener el flujo de "drogas mortales" hacia Estados Unidos.

Según un informe, estas operaciones han resultado en la muerte de al menos 87 presuntos narcotraficantes desde septiembre. La incautación del petrolero Skipper también fue enmarcada por la Casa Blanca como un golpe al "narcoterrorismo".

Sin embargo, esta estrategia ha generado controversia.

La organización Human Rights Watch ha calificado algunos de estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales", y existen debates dentro del Pentágono sobre el tratamiento de los sobrevivientes. El gobierno de Venezuela rechaza categóricamente la justificación estadounidense, sosteniendo que la campaña antidrogas es una "excusa" para instalar tropas en la región, desestabilizar al gobierno y, en última instancia, controlar sus recursos petroleros.

Esta visión enmarca las acciones de EE.

UU. no como una legítima aplicación de la ley, sino como una agresión militar encubierta.