Varios informes señalan que el buque utilizaba tácticas para ocultar su ubicación y burlar las sanciones, como el uso de señales AIS falsas.

La acción fue coordinada por el FBI, la Guardia Costera y Seguridad Nacional, con apoyo del Departamento de Guerra. Fuentes citadas por Reuters sugieren que esta podría ser la primera de más interceptaciones, marcando una nueva estrategia para desmantelar la "flota oscura" que moviliza el petróleo venezolano. El gobierno de Maduro reaccionó con vehemencia, calificando la incautación de "piratería naval criminal", "robo descarado" y "secuestro" de la tripulación, además de presentar una queja formal ante la Organización Marítima Internacional.