Esta medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, busca golpear el círculo íntimo del poder en Caracas y aumentar la presión financiera sobre el régimen.

Las sanciones apuntan directamente a Franqui Flores y Efraín Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores, quienes previamente habían sido indultados por la administración de Joe Biden.

Según Washington, ambos habrían retomado sus actividades ilícitas, lo que motivó su inclusión en la ‘Lista Clinton’.

Además de los familiares, las medidas se extendieron a un empresario afiliado a Maduro y a seis compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano.

El gobierno estadounidense justificó la acción argumentando que estas entidades utilizan “prácticas de transporte marítimo engañosas” para movilizar crudo sancionado, cuyos ingresos, según afirma, financian a un “régimen narcoterrorista”. La decisión se produjo en un contexto de máxima tensión, poco después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Este movimiento coordinado refleja una estrategia de asfixia económica que combina la interdicción marítima con el castigo financiero a individuos y empresas clave. Con estas acciones, la Casa Blanca no solo busca limitar las fuentes de ingreso de Maduro, sino también enviar un mensaje contundente a su entorno, señalando que no habrá refugio para quienes colaboren con el gobierno venezolano.