Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han neutralizado al menos a 87 presuntos narcotraficantes en más de veinte ataques a embarcaciones.

El presidente Trump ha justificado estas acciones equiparándolas a operaciones de combate.

Sin embargo, esta política ha sido fuertemente cuestionada.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha calificado las acciones como "ejecuciones extrajudiciales" y ha pedido a los gobiernos aliados de EE. UU. que alcen la voz en contra de los bombardeos. HRW advirtió que los países que comparten información de inteligencia con EE.

UU. para estas operaciones corren el riesgo de incurrir en complicidad.

Además, ha surgido un debate interno en el Pentágono sobre cómo manejar a los sobrevivientes de estos ataques, y se han reportado tratamientos diferenciados entre los tripulantes que han sobrevivido a los bombardeos.

Para el gobierno de Nicolás Maduro, esta campaña antidrogas es una excusa para el despliegue militar estadounidense en la región con fines políticos, una acusación que se ve reforzada por la creciente tensión y las amenazas directas de intervención.