La organización Human Rights Watch ha calificado estas acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y ha pedido a los gobiernos aliados de EE.

UU. que alcen la voz en contra.

Un caso particularmente polémico es el del 2 de septiembre, donde la Casa Blanca reconoció el asesinato de dos personas que habían sobrevivido a un primer impacto. Un video mostrado a congresistas, que revela los últimos momentos de estas dos personas, podría ser clave en las investigaciones. A pesar de que altos mandos militares rechazan las versiones sobre una orden para “matar a todos”, la falta de transparencia y el tratamiento de los sobrevivientes han intensificado las críticas. Estas operaciones letales son presentadas por la administración Trump como una lucha necesaria contra el narcotráfico, pero para muchos analistas y organizaciones de derechos humanos, representan un uso desproporcionado de la fuerza que viola el derecho internacional.