Este suceso ha vuelto a poner el foco en las precarias condiciones de los detenidos por motivos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Díaz, quien también fue dirigente regional y exalcalde, falleció el 6 de diciembre a causa de un infarto, según la versión oficial del Servicio Penitenciario de Venezuela. Sin embargo, su muerte avivó la conversación sobre el historial de fallecimientos de opositores en custodia del Estado, que según organizaciones de derechos humanos suman 25 desde 2015. Estas organizaciones atribuyen las muertes a un patrón de torturas, negligencia médica y aislamiento prolongado. El gobierno de Estados Unidos se pronunció rápidamente para rechazar el suceso y condenar las circunstancias de la muerte de Díaz. La reacción de Washington subraya la dimensión de los derechos humanos como un punto central en el conflicto bilateral. Para la administración Trump, la muerte de Díaz es una prueba más de la naturaleza represiva del gobierno de Maduro y refuerza su narrativa para justificar la política de máxima presión. La oposición venezolana también se unió a la condena, utilizando el caso para denunciar internacionalmente la situación de los cientos de personas que, según afirman, permanecen detenidas arbitrariamente en el país. El fallecimiento de Alfredo Díaz se convierte así en un símbolo de la crisis de derechos humanos en Venezuela y en un catalizador para la presión diplomática de Estados Unidos.