Estas operaciones, que según los reportes superan la veintena, han resultado en la muerte de al menos 87 personas y han generado graves acusaciones de posibles “ejecuciones extrajudiciales”.

Siguiendo órdenes del presidente Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el ejército estadounidense ha adoptado una estrategia de fuerza letal que ha sido duramente cuestionada.

Un mapeo realizado por The Washington Post reveló la ubicación de 22 de estas operaciones, indicando que nueve ocurrieron frente a Venezuela, cuatro frente a Colombia y cuatro frente a México.

La controversia se ha intensificado por las tácticas empleadas.

Un caso particularmente alarmante, ocurrido el 2 de septiembre, involucró un doble ataque contra la misma embarcación con el objetivo de eliminar a los sobrevivientes del primer impacto, un hecho que está bajo escrutinio del Congreso estadounidense. La organización Human Rights Watch ha calificado estas acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y ha pedido a los gobiernos aliados que dejen de compartir información de inteligencia con EE.

UU. si esta se utiliza para cometer estas violaciones.

La situación ha escalado al plano legal internacional con la primera denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de la familia de un pescador colombiano presuntamente asesinado en uno de estos bombardeos. Estas acciones militares representan la materialización más violenta de la política de Washington, con un costo humano significativo y serias dudas sobre su legalidad.