Inmediatamente después de conocerse la noticia, el gobierno de Estados Unidos expresó su rechazo, sumándose a las voces de la oposición venezolana que denuncian la situación de los que consideran presos por motivos políticos. El incidente ha puesto de nuevo el foco en las condiciones carcelarias y en la falta de garantías para la salud y la integridad de los detenidos. La reacción de Washington añade un nuevo punto de fricción en la ya deteriorada relación bilateral, utilizando este caso como evidencia de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La muerte de Díaz se convierte así en un símbolo que alimenta la narrativa estadounidense sobre la naturaleza del régimen venezolano y justifica su política de máxima presión.